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ALVARO URIBE VELEZ

Presidente de Colombia 2002 - 2006 / 2006 - 2010



Primogenito de los cinco hijos del terrateniente y ganadero antioqueño Alvaro Uribe Sierra y de la concejala sufragista Laura Velez, pasó su infancia en Medellin y en la finca que la familia tenía en Salgar. Los Uribe se instalaron definitivamente en la capital departamental cuando el muchacho contaba diez años.

Allí se educó en escuelas regidas por los padres jesuitas y los benedictinos, y finalmente en el Instituto Jorge Robledo, una casa de estudios que tradicionalmente ha formado a los vástagos de las clases pudientes medellinenses, donde en 1970 obtuvo el titulo de bachiller con excelentes calificaciones. En 1977 se licenció con honores en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Antioquia, donde estuvo activo en las Juventudes Liberales, y posteriormente amplió su currículum académico con el doctorado en la misma especialidad.

Su cualificacion y su apellido aseguraron a Uribe una brillante y precoz carrera profesional en el servicio público. En 1976 desempeñó el puesto de jefe de Bienes de Empresas Publicas de Medellin (EPM), hoy uno de los operadores de telecomunicaciones más importantes de Colombia, y en 1977, ya graduado, entró en la administración del Estado como secretario general del Ministerio de Trabajo, labor que fungió hasta agosto de 1978, cuando el relevo en la Presidencia de la Republica del liberal Alfonso Lopez Michelsen por su correligionario Julio Cesar Turbay Ayala. Poco después Uribe contrajo matrimonio con Lina Moreno, en la actualidad profesora de Filosofia, con la que iba a tener dos hijos varones.

En marzo de 1980 Turbay le recuperó para el Gobierno como director del Departamento de Aeronautica Civil, pero en agosto de 1982 cesó en el puesto para posesionarse, con 30 años, de la alcaldia de Medellin, su primer cargo electo en la lista del Partido Liberal (PL). En los apenas cinco meses que gobernó la ciudad, Uribe impulsó importantes obras de acondicionamiento y dotó de medios a las fuerzas del orden, pero no faltó quien sospechó la contribución en los proyectos cívicos del Ayuntamiento de los poderosos clanes locales del narcotrafico, que iniciaban una etapa de auge extraordinario y no desperdiciaban una oportunidad para ganar respetabilidad social al tiempo que lavar el dinero fruto de sus negocios delictivos.

Ese extremo apunta a una faceta controvertida o turbia en la carrera política del futuro candidato presidencial. Según el periodista de El Espectador Fernando Garavito y el investigador Fabio Castillo, autor del libro Los jinetes de la cocaina , en su etapa al frente de la Dirección de Aeronáutica Uribe favoreció al cártel de Medellín, concediendo a sus pilotos licencias de vuelo con que poder trasladar los cargamentos de droga.

Siempre según estas informaciones, esgrimidas por los mismos detractores políticos que también le han acusado de connivencias con el paramilitarismo de ultraderecha, Uribe prosiguió los compadreos de su padre con las organizaciones de los capos Fabio Ochoa y Pablo Escobar Gaviria cuando aquel fue asesinado el 14 de junio de 1983, en su finca de Guacharacas, intentando defenderse de un intento de secuestro de la guerrilla marxista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Al entierro del conocido hacendado asistió el entonces presidente de la República, Belisario Betancur Cuartas, y durante las exequias Uribe declaró a la prensa que el Ejército necesitaba más medios para ganarle la partida a las diversas guerrillas entonces operativas, la mayoría de ideologías de extrema izquierda. Fabio Castillo sugiere que la agresión contra Álvaro Uribe Sierra estuvo ligada a sus actuaciones en el narcotráfico y la contrainsurgencia paraestatal.

Se asegura que este dramático suceso fue un revulsivo para las convicciones de Uribe, que se deshizo de la mayoría del patrimonio rural, que como primogénito le tocó en herencia, para concentrarse en su carrera política en el seno del PL. En 1984 regresó al Ayuntamiento de Medellín al frente de una concejalía y en las elecciones legislativas del 9 de marzo de 1986 ganó el escaño de senador, mandato que renovó por otro cuatrienio el 11 de marzo de 1990. En estas dos legislaturas, correspondientes a las presidencias de los liberales Virgilio Barco Vargas y Cesar Gaviria Trujillo , Uribe participó en la ponencia de varias leyes de carácter social y en particular fue el promotor de la Ley 50/1990, profunda reforma del mercado de trabajo que concitó un fuerte rechazo de los sindicatos.

Sus propuestas de regusto neoliberal en el campo socioeconómico, sus presuntas simpatías por las organizaciones de paramilitares, en auge y responsables de algunas de las peores violaciones de los Derechos Humanos en el contexto de una violencia general con múltiples rostros que causa hoy 3.500 muertos al año, y su misma personalidad disidente y perfilada, combinando las formas calmosas con las opiniones vehementes, fueron otras tantas razones que le aparejaron numerosos enemigos, una inquina que iba a manifestarse en varios intentos de asesinato en los años siguientes. Uno de los primeros atentados que sufrió se produjo a comienzos de la década de los noventa, cuando salió indemne de la bomba que le pusieron en la habitación del hotel en que se alojaba.

La fama de díscolo en el PL se remonta a algunos encontronazos que tuvo con el ex ministro Ernesto Samper Pizano en 1993 cuando éste le pidió que ayudara a su campaña presidencial no defendiendo el proyecto de ley que integraba al sector privado en el sistema de la Seguridad Social y que disgustaba a los sindicatos. Por otro lado, aquel mismo año Uribe terminó un posgrado en Especialización y Gerencia y siguió un curso sobre Negociación de Conflictos, ambos impartidos por la Universidad de Harvard.

El 30 de octubre de 1994 se apuntó un nuevo jalón en su carrera al ser elegido al frente del departamento de Antioquia, con mandato desde el 2 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1997. Su gestión como gobernador se caracterizó por la dotación de miles de plazas escolares y de formación profesional a campesinos y jornaleros con baja cualificación, el desarrollo de los bancos cooperativos y de crédito agrario y la conexión de muchos municipios a la red telefónica. Podando vigorosamente la nómina de funcionarios y el parque móvil del Gobierno departamental, obtuvo un ahorro que invirtió en el Servicio Seccional de salud, considerado el de mayor cobertura del país.

Pero también en esta ocasión menudearon las críticas a su gestión pública. Desde organizaciones pro Derechos Humanos y partidos políticos de izquierda, tanto de Colombia como del extranjero, no hubo dudas de que la puesta en práctica por Uribe en Antioquia del modelo de "Estado Comunitario", cuya principal característica era la participación ciudadana en la ejecución de las decisiones del Gobierno que más directamente le atañían, incluyó una estrategia de rearme e implicación de la población civil en la lucha contra la subversión guerrillera de las FARC y el menos fuerte Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Así, el programa, auspiciado por la Universidad de Harvard, de capacitación de 82.000 personas en la Negociación Pacífica de Conflictos y la subsiguiente promoción de las Cooperativas o Asociaciones de Seguridad Privada Convivir en el medio rural, han sido denunciados desde aquellos ámbitos por servir de instrumento a terratenientes en sus manejos abusivos contra comunidades campesinas y, sobre todo, por dar cobertura a los desmanes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), constituidas oficialmente el 18 de abril de 1997 por varias agrupaciones paramilitares operativas en Córdoba, Urabá, los Llanos Orientales, el Magdalena Medio y otros puntos del país, que durante la gobernación de Uribe usaron Antioquia para extender su radio de acción. Eso, si no han participado los propios cooperativistas en algunas acciones criminales contra paisanos sospechosos de tratar con las guerrillas.

En añadidura, a Uribe se le relacionaba con altos oficiales de las Fuerzas Armadas expedientados por su connivencia con las AUC. Sobre este particular, está documentado que Uribe pronunció un discurso de desagravio al general Rito Alejo del Río luego de que la justicia nacional le acusara de fomentar el paramilitarismo en Urabá y de que el Gobierno de Estados Unidos le retirara el visado por estar involucrado en violaciones de los Derechos Humanos.

Uribe siempre ha salido en las entrevistas al paso de todas estas imputaciones (que, dicho sea de paso, nunca han dado pie a una denuncia ante los tribunales, seguramente por no poder aportarse pruebas corroborantes), negando lo que le concierne personalmente así como la naturaleza paramilitar o criminal de las asociaciones Convivir , a las que ha definido como unas organizaciones de particulares que cooperan con la Fuerza Pública, vigilando e informando, en las tareas de seguridad.

Algún medio de comunicación recordó que siendo gobernador, Uribe, paradójicamente, ofreció una zona desmilitarizada a las guerrillas para facilitar eventuales diálogos de paz y hasta creó una comisión facilitadora con miembros de las FARC y las autodefensas del jefe paramilitar Carlos Castaño. Esta iniciativa, que en su momento provocó una fuerte polémica nacional y que puede interpretarse como la otra parte de una estrategia del palo y la zanahoria con los rebeldes, fue oportunamente ignorada por sus estrategas de campaña para las elecciones de 2002.

El caso es que cuando dejó la gobernación de Antioquia, Uribe poseía una base de apoyos entre los latifundistas ultraconservadores del departamento que le iba a resultar muy útil en futuras lides políticas. Ahora bien, tampoco aparecía entonces como un mero valedor de los intereses oligárquicos, teniendo en cuenta que en el Gobierno antioqueño consultó y repartió responsabilidades a tecnócratas, empresarios, políticos liberales y conservadores, reinsertados de las antiguas guerrillas Movimiento 19 de Abril (M-19) y Ejército Popular de Liberación (EPL), y dirigentes indígenas. Los que han trabajado a sus órdenes han resaltado de él una rara amalgama de rigidez prusiana no exenta de irascibilidad y de capacidad para el diálogo y la delegación de poder.

Liberado de las funciones públicas, Uribe aprovechó para reforzar su bagaje académico y en 1998, año en que alcanzó la Presidencia Andres Pastrana Arango , del Partido Social Conservador (PSC), obtuvo una beca Simón Bolívar del British Council de Bogotá y fue nombrado senior associate member del Saint Anthony's College de la Universidad de Oxford. En 2000 abandonó su despacho de docente en Oxford para sumarse a la campaña del candidato del PL para las presidenciales de 2002, Horacio Serpa Uribe, ministro del Interior de Samper y que ya lo había intentado en 1998 frente a Pastrana.

Sin embargo, Uribe no tardó en discrepar con Serpa a propósito de la manera en que Pastrana estaba manejando el proceso de paz con las FARC, iniciado oficialmente el 7 de enero de 1999, y de la postura oficial del PL ante tan delicada empresa. Serpa sostenía la necesidad de negociar con la potente guerrilla liderada por el comandante Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo , sobre el punto de la Zona de Distensión, un área de 42.000 km² en el departamento de Caquetá que fue evacuada por el Ejército y entregada a la guerrilla el 7 de noviembre de 1998; Uribe, no sólo consideraba esta cesión previa una claudicación intolerable del Estado, sino que apostaba por someter a las guerrillas al imperio de la ley.

Uribe decidió entonces lanzar su propia candidatura presidencial, que necesariamente había de financiar y promocionar al margen del aparato del PL. Algunos comentaristas indican que a finales de 2000 su intención habría sido presentarse, no a las elecciones de 2002, sino a las de 2006, ya que él mismo entendía que tenía nulas posibilidades frente a Serpa y más bien pocas frente al candidato del Partido Conservador Colombiano (PCC, nueva denominación del PSC), o a la independiente Noemí Sanín Posada de Rubio, popular ex ministra de Exteriores.

Ahora bien, el desarrollo negativo del proceso de paz en las condiciones pactadas por Pastrana, que arruinó la credibilidad del presidente y dificultó la argumentación de quienes, como Serpa, insistían en ser pacientes y no caer en el desaliento, brindó un caldo de cultivo para las tesis de Uribe. A lo largo de 2001, el político medellinense divulgó sus análisis de la situación del país y sus propuestas de cambio de rumbo, con una franqueza y una contundencia gratas a los cada vez más numerosos colombianos hastiados de escuchar pronósticos irreales sobre la paz y la recuperación económica, según discurría el acontecer diario saturado de malas noticias en todos los ámbitos.

Por ejemplo, Uribe se descolgó de los demás candidatos cuando dijo no oponerse a que tropas extranjeras combatieran el narcotráfico, inquietante derivación del Plan Colombia apalabrado por Pastrana y Bill Clinton y consistente en inversiones millonarias de Estados Unidos en la destrucción de la producción cocalera. Posteriormente, se ratificó en la necesidad de desarrollar el apartado militar de dicho plan y de aceptar la logística y la asesoría estadounidenses, pero sin necesidad de que tropas de ese país asistieran al Ejército colombiano en las operaciones de combate.

También propuso extender al conjunto del país las controvertidas Asociaciones "Convivir" de Antioquia, cambiar el servicio militar obligatorio por uno docente e igualmente obligatorio para inculcar valores cívicos y patrióticos y de paso reducir el analfabetismo, y se distanció del duopolio tradicional del PL y el PCC.

Uribe se presentó como un hombre "con cuatro obsesiones", a saber: "la derrota de la politiquería, la derrota de la corrupción, la derrota y la superación de la violencia, y el compromiso con la inversión social". Rechazaba que se le etiquetara de derechista y autoritario, y, trazando la cuadratura del círculo ideológico, se definía a si mismo como "un demócrata con sentido de la autoridad y un capitalista con vocación social", ajeno al "Estado clientelista" imperante en Colombia.

La belicosidad y la precisión de sus opiniones a propósito del fenómeno guerrillero se tornaban en esquivez y ambigüedad cuando se le preguntaba sobre si seguía perteneciendo al PL o si era un político puramente independiente. Explicaba que no tenía ambages en tomar para su proyecto una u otra visión de cada partido en un ejercicio de pragmatismo y que su postulación era "liberal, disidente y multipartidista". Sus detractores a la izquierda del espectro sostenían que cumplimentaba el proyecto político de las clases dominantes y el gran capital, los intereses de Estados Unidos y la cultura de la militarización a ultranza en la lucha contrainsurgente, pero con una imagen moderna y tecnificada.

Al despuntar 2002, Uribe ya adelantaba a Serpa en las preferencias preelectorales, pero el colapso definitivo del proceso de paz el 21 de febrero le catapultó a una victoria probable en la primera vuelta. En efecto, el fracaso total de la estrategia de Pastrana apoyada por Serpa pareció darle la razón en que con las FARC, empeñadas en desairar a sus interlocutores con provocaciones constantes y responsables de una escalada de agresiones indiscriminadas a la sociedad civil, no cabía el diálogo, ya que carecían de honorabilidad y estaban crecidas por las concesiones del Estado.

Además, los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos crearon un estado de opinión internacional receptivo a su valoración de que en Colombia no había una guerra en realidad, sino "un terrorismo a cargo de grupos armados contra el resto de la sociedad", problema que exigía soluciones expeditivas. Por de pronto, la decisión de Pastrana de recuperar manu militari la Zona de Distensión de Caquetá constituyó, no sólo el reconocimiento de lo insostenible del actual estado de cosas, sino la toma antes de terminar el mandato de una medida popular que Uribe venía propugnando desde que se lanzó a la lid presidencial.

En la recta final de la campaña, todos los contrincantes de Uribe se apresuraron a asumir el discurso de mano dura contra los grupos violentos, mudanza que le perfiló como el candidato que siempre había sostenido lo mismo y no había intentado satisfacer a propios y extraños. Este obligar a los demás a que le tomen como la referencia y no al contrario ha sido considerado por algunos comentaristas como un rasgo nato de liderazgo.

Factor añadido a su aura de ganador fue el haberse convertido en el blanco de numerosos intentos de asesinato, el último en plena campaña, el 14 de abril, cuando una carga de dinamita estalló al paso de su vehículo blindado en una calle céntrica de Barranquilla. El candidato salió, invariablemente, ileso de este acto terrorista que, se sospechó, era obra de las FARC, pero dos personas resultaron muertas. En la misma ciudad, capital del departamento del Atlántico, Uribe fue objeto de otro atentado a finales de 2001 mediante una carga explosiva adosada a un burro. Y el 8 de septiembre anterior la Policía informó que había desbaratado un plan de las FARC para asesinarle en su sede política de Bogotá mediante la detonación con teléfonos celulares de dos bombas ocultas en sendas biblias.

Tras el atentado de abril, Uribe terminó la campaña con medidas de seguridad extremas y puso fin a las comparecencias en espacios abiertos. La prensa local se preguntó entonces sobre si sólo eras las FARC las interesadas en verle muerto, y recordaron el trágico final de Luis Carlos Galán Sarmiento, el precandidato del PL para las elecciones de 1990, candidato frustrado en 1982 y adalid de la facción Nuevo Liberalismo, comprometido con la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la ineficacia de las instituciones, que cayó asesinado el 18 de agosto de 1989 presuntamente por sicarios del cártel de Medellín.

Pero Uribe no procede de esa corriente política del PL, y las comparaciones (que nadie ha hecho, por otro lado) resultan aún más peregrinas con el histórico liberal de izquierda Jorge Eliezer Gaitán, asesinado por fuerzas derechistas en 1948. El único lazo que une a las tres figuras es haber pertenecido al PL y haber ganado muchos enemigos por sus demandas de transformaciones.

No obstante las supuestas aprensiones que su proyecto político pudiera suscitar en determinados círculos tradicionales del poder, en los meses previos a las elecciones presidenciales del 26 de mayo Uribe fue ganando adhesiones y declaraciones de apoyo, como las del ex presidente López Michelsen y el general retirado de la Policía Rosso José Serrano, prestigiado por haber desmantelado el cártel de la droga de Cali y debilitado al de Medellín.

Por su parte, las AUC, que integran a unos 8.000 contraguerrilleros, dieron a entender, sin citarle, que era su candidato, si bien Uribe insistía en que cuando hablaba de erradicar la violencia no hacía distingos entre los grupos que la protagonizan y que rechazaba cualquier apoyo proveniente del paramilitarismo o el narcotráfico. Por contra, las FARC y sectores izquierdistas denunciaron que el plan de un cuerpo de paz civil perseguía legitimar y regularizar las relaciones entre las instituciones del Estado y aquellos grupos derechistas.

El mayor golpe de efecto vino del PCC, donde muchos pensaban que con Uribe el pensamiento verdadero del partido, más allá de la estrategia coyuntural de Pastrana, estaba excelentemente representado; efectivamente, el 12 de marzo, dos días después del varapalo sufrido en las elecciones al Congreso a manos del PL, el candidato oficial, Camilo Restrepo, que apenas llegaba al 2% de intención de voto, anunció su retirada, con lo que el partido del jefe del Estado se quedó sin representante para la lid presidencial por primera vez en su historia.

El 1 de abril Uribe inscribió su candidatura con el aval de un millón de firmas y el respaldo del movimiento no electoral Primero Colombia. Aunque no disponía de facción propia en el Congreso, contaba con las adhesiones directas de 55 de los 102 senadores elegidos el 10 de marzo en las listas del PL, el PCC y un ramillete de formaciones menores, algunas de nuevo cuño y carácter testimonial, y con ideologías dispares, cuales eran: Cambio Radical, Equipo Colombia, Colombia Siempre, Somos Colombia, Conservatismo Independiente, el Movimiento de Salvación Nacional y el Movimiento de Integración Popular (Mipol).

Cumpliendo los mejores pronósticos, el 26 de mayo Uribe se alzó con la victoria sin necesidad de una segunda vuelta con el 53,1% de los sufragios, seguido de Serpa con el 31,8%, Luis Eduardo Garzon -novedoso representante de la izquierda democrática-, del Frente Social y Político con el 6,2%, Sanín con el 5,8% e Íngrid Betancourt Pulecio -secuestrada por la guerrilla desde el 23 de febrero en un crudo testimonio del alcance de la crisis de la seguridad en el país sudamericano-, del Partido Verde Oxígeno con el 0,5%. La abstención fue bastante alta, el 53,6%, cinco puntos más que en 1998, y en parte se la achacó al clima de intimidación y amenazas en diversos puntos del país.

Perseverante, perfeccionista, maniático del trabajo y del ahorro, con un aspecto sutil, entre ascético e intelectual, y que no aparenta la edad que tiene, Uribe es para unos el futuro Fujimori de Colombia y para otros el Clark Kent que el país necesita. En su prolijo programa de Gobierno, encabezado por el lema mano firme y corazón grande , este estadista de complicado encasillamiento y facetas enigmáticas ofrece un "Gobierno serio, eficaz y honrado", pero "no milagroso", incompatible con "la demagogia y el populismo", y asegura que se "hará moler para cumplirle al país".

Tres son los terrenos en que ofrece cambios y soluciones, que de ejecutarse le aseguran una apretadísima y altamente complicada agenda de Gobierno. En el primero y más acuciante, el de la violencia y la inseguridad, formula el concepto de "seguridad democrática", que pasa por movilizar a un millón de voluntarios en tareas de resistencia civil, asistencia humanitaria y auxilio a las fuerzas del orden, lo que él ha denominado "una especie de cascos azules a la colombiana" que incluso podrían contar con el aval de la ONU como fuerzas de paz.

Este esfuerzo, prosigue, se hará simultáneamente al desarrollo del Plan Colombia (1.300 millones de dólares comprometidos por Estados Unidos) con hincapié en su apartado militar, a la promulgación de un estatuto antiterrorista que facilite la persecución de los delincuentes, y a la duplicación en el plazo de dos años de los efectivos de combate del Ejército, hasta los 100.000 soldados -momento en que la institución castrense podrá profesionalizarse-, y de la Policía, hasta los 200.000 agentes.

En segundo lugar, propone una reforma institucional de alcance, con un Congreso unicameral de 150 miembros, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la vía libre a los departamentos para que se fusionen y formen regiones a las que se dotaría de Gobierno y Parlamento autónomos. El objetivo de estos profundos cambios es siempre el mismo: limitar la burocracia, mejorar la administración y reducir drásticamente los gastos suntuarios y los privilegios de los servidores públicos.

Las mismas vocaciones de ahorro y de distanciamiento de los intereses de los grandes grupos corporativos presiden su enfoque de la recuperación de la economía, que sólo creció un 1,5% en 2001. Entre críticas al modelo neoliberal "porque abandona lo social a la suerte del mercado" y al "cuento" de las privatizaciones que esgrimen "los politiqueros", Uribe incide en la dotación de recursos al rico tejido de cooperativas, microempresas y demás asociaciones laborales, promete préstamos blandos, exenciones tributarias y el mantenimiento de créditos a los productores agropecuarios y anuncia una severa penalización de la evasión fiscal.

Ahora bien, Uribe continuará y, a todas luces, potenciará los tratos con el FMI, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales de crédito para reestructurar la deuda externa, que ya alcanza los 40.000 millones de dólares, y para financiar sus proyectos de "revolución educativa" y de creación de empleo, cuando la tasa de paro asciende al 25% en todo el país y hasta el 45% en el campo. En añadidura, habla de "erradicar la miseria" (se calcula que más del 50% de los 42 millones de colombianos es pobre) y de potenciar el sistema de la Seguridad Social en su noción de servicio público, pero descarga al Estado de esa responsabilidad y endosa a "entidades sin ánimo de lucro" la prestación del régimen subsidiado de salud.

El presidente electo, primer mandatario, a todos los efectos, no del PL o del PCC desde que estas dos formaciones históricas pusieran fin a la guerra de facciones e iniciaran la alternancia pacífica en el poder en 1904, reiteró su oferta a las FARC de retornar a la mesa de negociación con la mediación internacional y un horizonte de reinserción en la sociedad civil, pero sin Zona de Distensión y con una tregua previa en firme.

La pretensión de Uribe es ganarle a la organización de Marulanda también la batalla militar, ya que la política y propagandística parece haberla perdido irremisiblemente la guerrilla tras los sucesos el 11 de septiembre de 2001, y quebrar su empecinamiento en doblegar al Estado antes de retomar el diálogo, objetivo más que complicado en tanto no se cercene su poderío financiero, que descansa en el negocio de la droga y que le ha permitido incrementar su fuerza de combate hasta los 20.000 hombres, y se involucren armamento y sistemas de seguimiento sofisticados de Estados Unidos.

Entre los analistas la pregunta recurrente ha sido cómo costeará Uribe su ambiciosa cruzada de ley y orden, y se llega a la conclusión de que sólo con una cooperación internacional de decidido carácter político y concertada, ayudando a Colombia a reprogramar sus pagos y ejerciendo una presión muy dura a las guerrillas (del estilo de la aplicada a la UNITA de Angola), podría el Gobierno someter a éstas, pues su aplastamiento militar parece, hoy por hoy, sumamente improbable.

Finalmente, organizaciones sociales y humanitarias expresan su temor a que el propósito de Uribe de involucrar masivamente a la población civil en el esfuerzo contrainsurgente agrave un estado de violencia asfixiante que sólo su naturaleza multiforme y caótica impide denominar con unanimidad de guerra civil en toda regla, y ampare groseras violaciones de los Derechos Humanos a instancias de grupos de poder fácticos, con el consiguiente retroceso de los valores democráticos.

Antes de la toma de posesión, Uribe, que se desempeñaba ya como una especie de presidente de facto, salió fortalecido por la inclusión, el 12 de junio, de las FARC por la Unión Europea en su lista negra de grupos terroristas, y por el anuncio, el 20 de julio, de la disolución de las AUC (que había precedido a la guerrilla en dicha calificación de la UE) por boca de Carlos Castaño. Acontecimiento más publicitario que sustancial o verdadero declive del frente paramilitar como consecuencia del acoso gubernamental e internacional en el último año, la renuncia de Castaño a levantar un movimiento de implantación nacional supuso el primer éxito de Uribe aun siendo presidente electo.

Empero, la violencia arreció en la ceremonia de transmisión de poderes del 7 de agosto, a la que asistieron los cinco ex presidentes colombianos vivos y varios titulares del subcontinente. Pese al descomunal cordón de seguridad militar, las FARC mataron a 17 personas en Bogotá con el lanzamiento mediante morteros de granadas de dinamita y hasta alcanzaron con estos artefactos caseros el palacio del Congreso minutos antes de iniciarse la investidura.

En el discurso inaugural, Uribe sintetizó sus ambiciosas propuestas de cambios y reformas a todos los niveles, pero omitiendo alharacas y triunfalismos: en lugar de una "victoria" contra la violencia habló de una mera "contención", y en vez de "milagros" anunció "voluntad política" para sacar adelante el recorte generalizado de "gastos y números". Partiendo del cese de hostilidades, ofreció a las FARC un "diálogo útil" con el auspicio de la ONU.

Pero la continuación de la arremetida de la guerrilla empujó al flamante presidente a declarar el 12 de agosto el estado de conmoción interna o de excepción por un período de tres meses prorrogables. Al facultar al Ejecutivo para adoptar medidas especiales y asumir funciones legislativas, esta excepcionalidad constitucional ha suscitado temores en sectores de la sociedad civil sobre un debilitamiento del orden institucional y erosiones, esta vez por imperativo del Estado, en los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.